La MMD envia informació sobre la situació que es viu al Brasil per difondre i eixamplar la solidaritat amb aquet país
Frente Brasil Popular La
verdad sobre el golpe
La destitución
del presidente de la República solamente es posible, según nuestra
Constitución, si ha comentido algun crimen
Los autores del pedido de impeachment
a la presidente Dilma Rousseff argumentaron que ella ha recurrido a “pedaladas
fiscales” (recurrir a créditos de bancos públicos para el
manejo presupuestario).
Esta practica no constituye
crimen, ha sido utilizada por otros presidentes como Fernando Henrique Cardoso
y Lula.
Este mismo método lo ha
practicado el vicepresidente Michel Temer cuando estuvo en el ejercicio de la
presidencia. Lo mismo han hecho los otros 24 gobernadores del país, incluso
Geraldo Alckmin, del estado de São Paulo, y el ex-gobernador de Minas Gerais,
Aécio Neves.
De ser fiel a la Constitución
brasileña, la Suprema Corte Federal deberá cancelar este proceso.
El juicio de la
presidenta lo están manipulando tanto que entre los diputados que aprobaron el
golpe más de cien (100) estan investigados por la llamada Operación Lava Jato.
Les falta valor moral para juzgar a alguien, mucho menos a una mujer, contra la
cual no hay acusación de corrupción o cuenta bancaria en el exterior.
El relator del proceso en el
Senado es Antônio Anastasia, ex gobernador del estado de Minas Gerais que
también ha practicado “pedaladas ficales” en los cinco años de su
mandato.
El senador Romero Jucá ( del PMDB
del estado de Rondônia, del mismo partido que el del golpista Temer) reveló en
grabaciones telefónicas que el real objetivo del impeachment era
estancar la Operación Lava Jato visto que la presidente Dilma se negaba
a proteger los parlamentarios involucrados. Por ese motivo, entre otros, han
hecho un acuerdo para apoyar a Michel Temer y sus planes golpistas.
Con la crisis económica y
política, el gobierno de la presidenta Dilma ha disminuido los presupuestos de
publicidad de las grandes empresas de comunicación como la Globo y la Abril.
Sus dueños, insatisfechos, pasaron a promover manifestaciones contra el
gobierno y por la destitución de la jefa del Estado.
El gobierno ilegítimo de Temer es
contrario a los trabajadores y a Brasil
Aprobó una medida provisional que autoriza
la privatización de las empresas públicas del sector de energía, puertos y
aeropuertos brasileños.
Articuló una ley que permite al capital extranjero
comprar integralmente nuestras líneas aéreas, además de tierras y recursos
naturales.
Mantuvo las tasas de interés entre las más altas del
mundo, lo que dará lugar en el año de 2016 a la transferencia de 500 mil
millones de reales del Tesoro nacional a los bancos y a los más ricos, que son
propietarios de los titulos de deuda
Autorizó el aumento de los salarios del poder
judicial, lo que representa un déficit de 60 mil millones de reales en las
cuentas públicas
Cerró varios ministerios que atendían los intereses de
la población más pobre, tales como el Ministerio del Desarrollo Agrario y la
Secretaría de Derechos Humanos.
Articuló la ley que elimina la obligación de compartir
el 30% de la Petrobras (empresa petrolífera nacional) en los campos del
pre-sal, entregando nuestra principal riqueza a las corporaciones
internacionales.
Anunció un proyecto que, al cambiar la Constitución,
acaba con los gastos gubernamentales obligatorios en salud y educación.
Anunció que cambiará la Seguridad Social, elevando
la edad mínima y obligando las mujeres a trabajar el mismo número de años que
los hombres para que tengan derecho a la jubilación. También pretende
desvincular el suelo de las pensiones (que afecta a los más pobres) de los
aumentos anuales en el salario mínimo.
Redujo los recursos para el programa de vivienda
pública "Minha Casa Minha Vida", que prevía la construcción de
más de 700 mil hogares sólo en el 2016. Es probable que este año no se llegue a
30 mil viviendas en todo el país.
El gobierno Temer es antidemocrático
Constituyó un ministerio formado solamente por hombres
blancos, ricos y de la vieja política.
De su ministerio, tres ministros han tenido que
renunciar por denuncias de corrupción, y hay diversos otros implicados en otros
procesos.
En la política exterior, dió claras señales de
realineamiento con los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.
Afirmó que implosionará el Mercosur y la Unasur, además de abandonar los lazos
históricos que nos unen a África. No oculta que se sometirá a los países más
ricos y a sus intereses.
Nombró a un general para el Gabinete de Seguridad
Institucional, reactivando la vigilancia de la Agencia Brasileña de
Inteligencia (Abin) en contra de las movilizaciones y movimientos populares.
El pueblo brasileño pagará la cuenta del
golpe
La crisis económica crece a cada día, aumentando el
sacrificio para los trabajadores, provocando desempleo y la baja de los
salarios.
El golpe paralizó empresas estratégicas muy
importantes para el país como las de l sector de la construcción, de la
industria naval y de defensa nacional. Afectó también a empresas que dependen
del mercado interno y del aumento de ingresos de la población.
A Petrobras la están chatarreando, con el despido de
miles de trabajadores y la venta de activos. Es posible que sus intenciones
sean las de crear las condiciones para que se vuelva inviable, justificando así
su privatización.
Ha crecido la violencia policial contra los más pobres
y los movimientos populares que defienden los derechos de los trabajadores.
Lo que exigimos
La absolución
de la presidente Dilma Rousseff por el Senado, clausurando con esto la farsa
golpista y respetando a los 54 millones de brasileños que la eligieron en el
2014
El compromiso de la presidenta
Dilma con un nuevo programa de gobierno, capaz de enfrentar la crisis, además de
políticas públicas que ayuden los trabajadores a hacer frente a sus
problemas.
El respeto a los derechos sociales y de los trabajadores, conquistados y
consagrados por la Constitución brasileña.
La punición a todos los corruptos, independiente de partidos, dándole un fin a los
procesos que alcazan apenas a los liderazgos del Partido de los Trabajadores y
preservan a los demás partidos.
El compromiso de que
se haga una profunda reforma política que garantice al pueblo el derecho de
elegir a sus verdaderos representantes, valable ya para as elecciones del
2018.
El compromiso con una nueva
ley para los medios de comunicación que rompa con el monopolio de la Rede
Globo y otras empresas familiares de comunicación, democratizando la
producción de la información y la cultura.
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